Cuánto pagar de arriendo en el 2016

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el año 2015 ha sido estimado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 6,77 por ciento;  hasta este mismo  porcentaje el arrendador puede incrementar el canon de arrendamiento de vivienda urbana a los arrendatarios. 

 

Estos aumentos solo rigen para vivienda y se pueden hacer efectivos cada doce meses de acuerdo con lo previsto en la Ley de Arriendos (820 de 2003). 

 

Si un arrendador decide aplicar incrementos por encima de estos porcentajes, los inquilinos pueden quejarse ante las autoridades competentes para el caso en cada ciudad. 

 

 

 

Los inmuebles destinados a establecimientos comerciales como las bodegas y oficinas, no los cobija la normatividad de arrendamiento de vivienda urbana en cuanto al incremento de los cánones de arrendamiento. 

 

En estos casos hay libertad para las partes arrendadora y arrendataria de fijar el precio del canon de arrendamiento y sus incrementos; ahora bien, cuando ya esta en curso el contrato, a su vencimiento o el de sus prorrogas, si las partes desean que el contrato continúe,  pactan el reajuste que consideren pertinente, y en caso de haber descuerdo se acude al juez para que mediante peritos se regule el precio del canon de arrendamiento.

 

Existe un problema de aplicación de norma cuando se arrienda el inmueble para vivienda y locales comerciales. Por ejemplo, se  renta un primer piso y tiene parte vivienda y parte local o locales, quedando como  mixto.

 

La norma  no menciona nada  al respecto, existen jurisprudencias (fallos reiterativos de jueces y tribunales) en que para casos especificos mencionan que se aplica la ley de vivienda o la comercial  segun el area predominante ( vivienda- o local).

 

 

 

El arrendador debe previamente dar aviso por escrito al arrendatario, acerca de cuanto será el incremento y a partir de cuándo.

 

 

La ley establece que se hará mediante el servicio postal autorizado o mediante mecanismo de notificación personal que se haya estipulado en el contrato, a la dirección anotada  para recibir notificaciones contractuales.

 

 

Aunque todos son medios postales que sirven para notificar

El correo certificado es un servicio diseñado para el manejo de toda clase de correspondencia que a juicio del cliente requiera de tratamiento especial o con seguimiento y control en todos sus procesos a nivel nacional.

 

Una vez impuesto el envío en la oficina postal, reciben un comprobante de imposición. La distribución o entrega se realiza en cada dirección destino obteniendo la firma e identificación de quien recibe el envío en planillas de la empresa.

 

Control y seguimiento de los procesos de recepción, transporte y entrega a domicilio.

 

Comprobante de depósito para el remitente y entrega bajo firma en la dirección del destinatario.

 

Cobertura nacional.

 

La empresa postal autorizada responde por cualquier eventualidad e indemniza siempre que no sea caso fortuito o de fuerza mayor.

Devolución de los envíos no entregados.

 

Peso máximo es de 2000 gramos para sobres tamaño carta u oficio (L.C) y 5000 gramos para impresos (A.O).

 

Recolección a domicilio para grandes volúmenes de imposición.

 

El Servicio Postal autorizado se presta  por  la empresa estatal  Adpostal y/o mediante empresas  postales autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones, previa suscripción  contrato de concesión, ya que los correos son monopolio del Estado.

 

La leyes 794 de enero 9 de 2003 que reforma el Código de Procedimiento Civil para garantizar el derecho al debido proceso y la defensa, se refiere a las notificaciones personales en los procesos judiciales  mediante el servicio postal autorizado, siendo regulado mediante acuerdos 1772 y 1775 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

La ley de arrendamientos 820 de 2003 que rige a partir del  10 de junio del mismo año,  recoge los vocablos enunciados  para las notificaciones personales entre arrendador y arrendatario en las eventos tales como: la terminación unilateral del contrato de arrendamiento por parte del arrendador y/ o del arrendatario mediante preaviso y con pago de indemnización, el aviso anticipado de terminación del contrato de arrendamiento a la fecha del vencimiento del mismo o de sus prorrogas, la notificación el incremento del canon de arrendamiento.

 

El  certificado de contenido, es un servicio de correo especializado, mediante el cual la empresa de servicio postal autorizada además de certificar la entrega del envió al destinatario, certifica con fines probatorios,  el contenido de la  comunicación enviada.

 

 

En mi opinión, se debe acatar la ley cuando mencione  expresamente que se debe hacer la notificación respectiva  mediante servicio postal autorizado;  esto es constatando que la empresa que presta el servicio este efectivamente autorizada.

 

Recomiendo  adicionalmente en materia de notificaciones  de arrendamientos  utilizar  el servicio especial de correo certificado en que no solo se  certifique el recibo del envió, sino el contenido del mismo; no importando que su costo sea mayor; pues el ejercicio profesional me ha demostrado que un  en la eventualidad de una controversia judicial, el destinatario puede corroborar el recibo del envió (sobre), pero  negar el contenido afirmado por el remitente, mencionando otro texto.

 

Ahora bien, es importante al elaborar el contrato de arrendamiento estipular los mecanismos de notificaciones entre las partes, junto con el domicilio para recibir notificaciones.

 

 

La ley trae implícita la sanción de inoponibilidad del arrendador cuando el arrendatario sigue consignando lo mismo que venia consignando, lo que quiere decir que el arrendador sino comunica al arrendatario el monto del incremento y desde cuando debe hacerse, no  puede exigir el incremento.

 

 

El arrendatario incurre en mora en el pago total de la obligación y por ello el arrendador puede dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir su inmediata restitución; sin perjuicio del cobro ejecutivo por las sumas no pagadas, mas las demás obligaciones conexas como cobro de la cláusula penal, y/o intereses, según como se este escrito el contrato, y donde tiene vocación a ser llamado a responder el codeudor solidario.

 

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*Asesoría: Andrés Martínez, Abogado Especializado en Arriendos

Corporación Casa Jurídico Social (Tel.: 4081519, de Bogotá)