Construir de forma sostenible no es un hecho aislado sino íntimamente ligado con el crecimiento de las urbes y su impacto en el cambio climático, así como en las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), del que las ciudades son responsables en 75 por ciento.

Por ello, la normativa para hacerlo eficientemente se constituye en un elemento del empeño del Gobierno colombiano por tener políticas, programas y acciones enfocados en la transformación del sector vivienda y desarrollo territorial, hacia un crecimiento urbano bajo en emisiones de carbono, el cual esté en sintonía con los compromisos asumidos por Colombia en la Conferencia sobre el Cambio Climático COP 21, realizado en París a finales de 2015 y que ubica al país como uno de los primeros países de la América Latina en la expedición e la implementación de este tipo de reglamentación.

“El marco normativo de la construcción sostenible se encuentra dispuesto en el recientemente expedido decreto 2185 del 2015, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció los parámetros generales de construcción sostenible, y encomendó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la labor de definir los lineamientos técnicos específicos, en cuanto a porcentajes de ahorro en agua y energía. Posteriormente se expidió la resolución 0549 del 2015, que reglamenta y adopta la ‘Guía de construcción sostenible’, con la cual se exige el cumplimiento de porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía, según el tipo de edificación y el clima en el que se localicen las edificaciones que se construyan en virtud de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, mediante la incorporación de medidas activas o pasivas de construcción sostenible en el diseño”, asegura Elsa Noguera, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Según la funcionaria, esta normativa, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, constituye un primer paso para incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental al sector y permitirá posteriormente ampliar la aplicación de criterios y estrategias, teniendo en cuenta un escenario de nuevas posibilidades al extender un mercado para construcciones sostenibles y oportunidades para fomentar el desarrollo de tecnologías y negocios.

“Para la emisión de esta reglamentación, desde el año 2011 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camacol y la Corporación Financiera Internacional (IFC) trabajaron de la mano para formular el reglamento de construcción sostenible para Colombia, para el cual se realizó una línea base de consumos por tipo de clima, análisis de sensibilidad y de costo beneficio para seleccionar las medidas que generan mayor ahorro de agua y energía, así como menor impacto en los presupuestos”, sugiere Sandra Forero, presienta ejecutiva de Camacol.

La implementación de la resolución 0549 permitirá reducir en un 28 % anual las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) generadas por el consumo de agua y energía en las edificaciones, según Camacol, a través del cumplimiento de los porcentajes mínimos de ahorro en agua y energía para nuevas edificaciones destinadas a vivienda, centros comerciales, oficinas, hoteles, hospitales y centros educativos.

Esta nueva política, a través de la ‘Guía para el ahorro en agua y energía para nuevas construcciones’ (Res. 549/15 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), que entrará en vigencia el 10 de julio de 2016, según Cristina Gamboa, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), hará que la industria de la construcción se interese más por lograr los nuevos mínimos de eficiencia, aprenda a realizar modelaciones energéticas y de consumo hídrico, mejore sus técnicas y, en general, se capacite más sobre este primer paso hacia proyectos de mejor especificación. “Es importante señalar que los proyectos inmobiliarios que utilizan led, HQE y, eventualmente, el referencial Casa Colombia sobrepasarán este nuevo mínimo que impone esta nueva regulación”, sostiene Gamboa.

Así, la guía será de obligatorio cumplimiento para las nuevas construcciones en las cuatro ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Esta resolución establece porcentajes de ahorro en agua y energía, y deberán cumplirla todos los proyectos inmobiliarios que radiquen su licencia para nueva construcción a partir de esa fecha. “En el caso de las viviendas de interés social y prioritario, los porcentajes no son obligatorios, son indicativos y su cumplimiento será opcional”, sostiene la directora ejecutiva del CCCS.

Otras iniciativas en la vía

El marco normativo es la base, pero se sigue trabajando en otros frentes. En el marco del Congreso Colombiano de la Construcción, Camacol y la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo Banco Mundial, firmaron un memorando de entendimiento para poner en marcha el programa EDGE -Excellence in Design for Greater Efficiencies- en Colombia, cuya meta es lograr que en siete años, una de cada cinco nuevas edificaciones en el país certifiquen el ahorro de un 20 por ciento de agua, energía y energía, incorporado en materiales de construcción, adicional a las exigencias de la norma nacional.

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