La compraventa de vivienda usada en el país ha mantenido su dinámica, a pesar de algunos ajustes al alza en los precios.

De hecho, el reciente reporte del Banco de la República destacó un aumento nominal de 15,1 por ciento en el valor durante el primer trimestre del año, mientras que en términos reales fue de 6,9 por ciento.

Aun así, hay razones que los analistas definen como “determinantes” para elegir este tipo de inversión.

Algunas de ellas están expuestas en una encuesta realizada por la Galería Inmobiliaria, que identificó cómo el hecho de tener la posibilidad de acceder a más metros cuadrados a un precio aún favorable, a pesar de su incremento, es más que suficiente para tomar la decisión.

Para atender esta dinámica, y como complemento a las cifras de este mercado en auge, la sección Vivienda identificó varios aspectos legales y normativos que deben tener en cuenta quienes optan por vender inmuebles residenciales usados.

Abecé de la inversión

Por ejemplo, para realizar formalmente la venta se debe hacer una promesa de compraventa, pues un simple recibo no es suficiente.

Así lo contempla el artículo 89 de la Ley 153 de 1987, donde se especifica que para que sea de obligatorio cumplimiento debe ser un contrato escrito, con un plazo definido. Solo quedarán las formalidades legales para perfeccionarlo.

Adicionalmente, la norma advierte que la persona que suscribe la promesa debe ser “legalmente capaz, expresando su consentimiento”.

Además, “tanto el inmueble como el medio de pago deben ser lícitos”.

Pero, como lo advierte la Corte Suprema de Justicia en una sentencia, para que tenga validez la constancia de que se transfirió el inmueble debe haber un registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Estado.

De lo contrario, como el Alto Tribunal lo califica, sería una simulación, sino se hace a través de una escritura pública.

No obstante, es importante tener una asesoría jurídica para realizar el contrato; de esta forma se evitarán problemas.

Otros trámites

Por ejemplo, en la escritura de transferencia de dominio de un bien inmueble sometido a propiedad horizontal (Ley 675 del 2001), el notario exigirá paz y salvo de las contribuciones a la administración expedido por el representante legal de la copropiedad.

De igual manera, la Ventanilla Única de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado y Registro advierte que se deben llevar los documentos originales de identidad del comprador y del vendedor, la escritura anterior y el último pago del predial, así como la minuta de compraventa diligenciada.

Adicionalmente, para el comprador es fundamental mirar el historial del inmueble con el fin de saber que todo está en orden. Para ello, simplemente debe solicitar el Certificado de Tradición y Libertad, en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro con el número de matrícula.

Cuando se esté haciendo el trámite de transferencia de propiedad del inmueble en una notaría también habrá otros gastos; el impuesto de retención en la fuente, que implica destinar el 1 por ciento del valor de la venta para el que está vendiendo la vivienda, así como los gastos notariales y de escrituración que se dividen entre ambas partes.

Asimismo, se incurrirá en pagos adicionales para el nuevo certificado de Tradición y Libertad, para los impuestos de beneficiencia y registro, que estarán a cargo del comprador.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que e se trata de una vivienda ubicada en Bogotá, hay que presentar la certificación del pago por concepto de valorización en las oficinas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

En este entorno, la financiación es otro tema que identifica el desempeño de la vivienda usada.

A pesar de la dinámica de los negocios de este segmento, en materia de créditos esta sigue muy pareja comparada con la nueva.

Así lo indican los datos revelados esta semana por Fedelonjas, que confirmaron 650.000 millones de pesos desembolsados para la adquisición de la primera, contra 850.000 destinados para la compra de casas o apartamentos nuevos.

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