Casos como el de Soacha, al sur de Bogotá, donde hace unos días se presentaron denuncias por microtráfico, problemas de convivencia e incumplimiento en el pago de algunas obligaciones por parte de once familias de las viviendas gratis del Gobierno, confirman que el trabajo no termina con la llegada de los residentes y que este se extiende más allá.

Otra situación extrema vivió México, hace unos años, cuando dos millones de viviendas subsidiadas fueron abandonadas porque los habitantes no pudieron sostenerlas.

Lo de Soacha, que quizás se repita con otras comunidades, era previsible”, reconoce el Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, quien asegura que por eso trabajan con el Ministerio del Interior, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Policía Metropolitana, entre otras entidades, para contrarrestar ese tipo de situaciones.

Herrera agrega que ahora el mayor reto es “construir comunidad”, una tarea de la cual son referentes los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), a través de un modelo integral que ha unido a la empresa privada, al Gobierno y a las comunidades en torno al propósito de mejorar la convivencia y crear una cultura de pertenencia.
 

El caso de Barranquilla

Según Juan Carlos Franco, director de la Fundación Mario Santo Domingo que impulsa Villas de San Pablo, en Barranquilla, “el cambio de escala de la producción (algunos de estos MISN tienen más de 15 mil unidades) obligan a hacer un gran esfuerzo que, de paso, ha cambiado el concepto tradicional de lo que significa hacer vivienda”.

Esto va de la mano de procesos sociales incluyentes. Por eso, antes de que las personas llegaran a vivir a los macroproyectos, la Fundación articuló la primera fase de su proyecto de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles (DICS).

El proceso se consolidó, primero, a través de urbanismo y viviendas de alta calidad; luego, con acompañamiento a la construcción de infraestructura social (colegios, CAI, bibliotecas, etc.) y tercero, con el apoyo comunitario, a través de la preparación a la gente para que aproveche las ventajas de su entorno y se desarrolle.

Incluso, previo a su paso como dueños las personas son encuestadas sobre sus condiciones urbanas y de convivencia previas.

Así se logró crear el mapa de trabajo para la formación que reciben con el fin de aprender a vivir en copropiedad, a través de talleres de convivencia y corresponsabilidad, plan de vida y DICS, entre otros.

Lo interesante es que las personas aprenden a conocerse, a interactuar con sus vecinos, a compartir sus sueños, su visión y a generar vínculos mucho antes de llegar al nuevo hogar”, concluye Juan Carlos Franco.

El sector privado le apuesta a la gente

En Ciudad Verde, en Soacha, al sur de Bogotá, la Constructora Amarilo lidera el Programa de Acompañamiento Social (P.A.S.). Allí, la clave está en iniciar el proceso con las comunidades cercanas al proyecto antes de empezar a construir; esto les permite conocerlo, resolver dudas y establecer un canal asertivo de comunicación”, explica Nicolás Vanegas Botero, director de comunidades de Amarilo.

La Constructora Prodesa también maneja un plan de acompañamiento que cumple trece años en sus macroproyectos Ciudad Sabana, en Mosquera, y Reserva de Madrid, ambos en Cundinamarca.

Según Natalia Arcila, directora de comunidades, la formación es la base para crear el tejido social. “Realizamos campañas para la comunidad con información relacionada con temas de construcción, convivencia, resolución de conflictos y manejo administrativo.

En Villas de San Pablo, en Barranquilla, la Fundación Mario Santo Domingo también le apuesta a identificar líderes. En cada urbanización hay gente con capacidades y conocimientos en temas tan diversos como salud y educación, entre otros.

Con ellas trabajan en un comité que da vida a las juntas de acción comunal con las cuales, además, se articulan los planes de desarrollo.

Historias exitosas para reproducir

En el conjunto Primavera de Prodesa, en Soacha, la docente Marilyn Castellanos usa el salón de niños para enseñar.

Villas de San Pablo, en Barranquilla, tiene a la líder Juliana Garay, de 15 años. Es una vocera del grupo Veedores Sociales Juveniles que concientiza sobre la problemática comunitaria.

Laura Salamanca, de la Corporación Responder que trabaja con Amarilo en Ciudad Verde, destaca que 16 víctimas de la ola invernal, en Soacha, se capacitaron en propiedad horizontal.

En Ciudad Sabana, de Prodesa, la asociación Asímujer colabora en el mantenimiento de la ciudadela.

Sección Vivienda EL TIEMPO