De esta forma, y luego de una oferta de 595.595 millones de pesos, Capital Recover Group (CRG) adquirió estos activos (186.000 obligaciones y cerca de 4.200 inmuebles).
Según información suministrada por la Central de Inversiones, el valor que se comprometió a pagar el CRG en la subasta de activos improductivos más grande realizada en el país, supera en 276.595 millones de pesos el precio base que estableció la junta directiva de Cisa (319.000 millones de pesos).
Los inversionistas
Con la oferta, el consorcio ganador integrado por AIG Global Investment Corp., Covinoc, Carval Investors y la Internacional Finance Corporation (brazo financiero del Banco Mundial), también adquirió una licencia de uso del software desarrollado por la Central de Inversiones para el manejo, la administración y la gestión de los créditos, los inmuebles y los procesos judiciales derivados de estos.
Según la entidad, esta operación pone fin al capítulo de la crisis financiera que experimentó el país a finales de la década de los años 90, en la medida en que el remanente de activos pasa ahora a manos de un inversionista del sector privado.
Además, con esta transacción el Gobierno inicia la creación de un mercado de activos improductivos en Colombia y espera atraer nueva inversión extranjera, uno de sus objetivos en este y otros frentes.
A la fecha Cisa muestra un balance positivo en materia de recuperación de activos improductivos provenientes de la banca pública, pues en cerca de siete años de operaciones la entidad logró recaudar -en efectivo- cerca de tres billones de pesos.
Igualmente, desde su adquisición por parte de Fogafin en septiembre del 2000 y hasta diciembre del 2006, la entidad adquirió cartera improductiva y bienes recibidos en dación de pago de los bancos Cafetero, Granahorrar, del Estado, la Caja Agraria, el BCH, Granbanco, Banco Agrario y de entidades como el Instituto de Fomento Industrial (IFI), Fogacoop, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del mismo Fogafin.
El papel cumplido por Cisa dentro del saneamiento de la banca pública ha sido fundamental, en la medida que permitió triplicar la capacidad de Fogafin de movilizar activos improductivos públicos, sino además, administrarlos.
319.000 millones de pesos fue el precio base que puso Cisa, lo que significa que la cifra se superó con creces.
