"Si nos vamos del barrio no es porque queramos sino porque el morro nos hace correr como locos".
Este graffitti escrito en una pared hecha ruinas resume el sentimiento de las 600 familias de la invasión La Playita, quienes después de 27 años de sufrir las inclemencias del invierno y de la desidia política aprendieron a lidiar con dos de las tres desgracias adicionales a su pobreza.
La escena era recurrente: cuando el río Chinchiná inundaba los ranchos, la gente tenía que subirse al segundo piso, y cuando se desbordaba la canalización de las aguas que mueven la Central Hidroeléctrica de Caldas, les tocaba salir de las casas para limpiar y reanudar sus vidas.
Con lo que no pudieron fue con el Cerro San Cancio, que caía sobre ellos cuando los aguaceros arreciaban cobrando varias vidas. Por esto debían huir de sus hogares al menos tres veces al año.
Todas estas desgracias y la constante atención que demandaba La Playita impulsaron a la Alcaldía a crear una estrategia para liberar al municipio -definitivamente- de esta constante zozobra.
Pero, ¿qué solución hay en una ciudad donde ningún constructor hace Vivienda de Interés Social (VIS) porque levantar una casa de 20 millones cuesta 22, ya que deben empezar por 'hacer' el terreno debido a las altas pendientes?
"Otro de los grandes problemas era que los habitantes se quejaban de que el sector afectaba la imagen de la ciudad pero nadie -ni siquiera los sectores más populares- lo quería de vecino", explica Carlos Alberto García, gerente de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres.
Para completar, mucha gente no quería salir porque después de grandes esfuerzos debían dejar atrás sus casas (hasta de cuatro pisos) para meterse en 'cajas de bocadillos' con familias, incluso, de catorce personas.
Así, descubrieron que la vivienda usada era la única opción, que ofrecía -además- una salida económica, rápida y eficiente.
"Buscamos en las normas y descubrimos que el alto riesgo y el desplazamiento permite pagar subsidios en bienes usados y ahí empezó el proceso de casi dos años", agregó García.
Así, el Fonvivienda o la caja de compensación ponía un subsidio de 8'568.000 pesos y el municipio aportaba otro por 5,5 millones más un reconocimiento de 1,5 millones (por la construcción) para sumar 15'568.000 pesos. Con este presupuesto, los jefes de hogar empezaron a buscar una solución que satisfaciera sus necesidades y gustos en cuanto a ubicación, tamaño y calidad.
De las 378 casas que albergaban 600 hogares, ya se ha demolido la mitad y lo mejor de todo el proceso es que no solo se beneficiaron las familias reubicadas. El mercado inmobiliario se dinamizó enormemente y la población pudo mejorar sus condiciones de vida pues, al vender su antiguo bien, muchas familias tuvieron la oportunidad de acceder a una vivienda de mayor calidad. Es una cadena de evolución social.
"Esta es una forma de sembrar 'semillas' de renovación urbana porque cada nuevo propietario mejora el bien que compra y quien cambia de estrato puede buscar una opción nueva, impulsando la construcción ordenada, de calidad y generando verdaderos empleos -precisamente- para obreros como los que vivían en La Playita", concluyó Guillermo Gómez, gerente de la Caja de la Vivienda Popular.
Los problemas que dejó el estado
Los políticos de la época fueron quienes invitaron a las familias a instalarse en esos riesgosos terrenos para, luego, pavimentar algunos trechos de las vías a cambio de votos.
A pesar de ser un sitio de invasión de altísimo riesgo y de estar fuera del perímetro urbano, en época de campaña, las empresas de servicios públicos hacían instalaciones a escondidas.
Todas las viviendas tenían contadores de energía eléctrica y acueducto y líneas telefónicas.
Incluso, el municipio construyó un colegio y los vecinos pusieron su mano de obra para edificarlo.
La mayor parte son trabajadores informales que viven del 'rebusque' (empleadas domésticas, vendedores ambulantes, etc.). Otros son obreros de construcción y los pocos empleados se desempeñan como operarios y oficios varios.
Ases en la manga
"La gente sólo siente confianza si se le habla con la verdad", aclaró Carlos Alberto García.
Ellos querían una casa por una casa, nadie quería endeudarse, pero esa no es una solución al tema del hacinamiento. Por eso se tramitó un subsidio por cada hogar y en lugar de una se entregaron varias casas pues abuelos, padres y nietos (con sus compañeros y respectivos hijos) formaban núcleos independientes con derechos legales. De 378 ranchos, 600 familias tendrán casa propia.
Deben entregar la casa totalmente demolida para que se le desembolse el dinero al vendedor y así poderse mudar. Esta es la única forma de asegurarse de que nadie más invadirá los predios.
El proceso paso por paso
Después de que el primer semestre del 2003 se mostrara como un año nefasto (42 muertos), el municipio empezó a censar a los pobladores de las zonas de riesgo para solicitarle 1.000 subsidios al Gobierno Nacional (600 para La Playita y 400 para otros sectores peligrosos).
No faltó el año de 'lobby' ante cuatro ministerios para lograr un decreto que autorizara a las cajas a poner el subsidio.
Después de buscar recursos con el saneamiento fiscal (la CVP tenía cuentas y lotes embargados), convencieron al concejo de que aprobara los subsidios para vivienda usada con su mejor 'arma': el clamor de la comunidad.
Mientras tanto debían conciliar con los pobladores para que accedieran a trasladarse, pues tenían muchas prevenciones con las promesas incumplidas y la politiquería de décadas pasadas.
Ni hablar del ajuste de la estrategia para aclarar la logística de la compraventa pues el desembolso del subsidio se da con la entrega del bien y ¿qué propietario quiere entregar la posesión sin recibir un peso?.
Luego de aprobados los subsidios, empezaron con la certificación técnica y legal de 1.000 bienes que debían cumplir las normas de la época en que se construyeron y estar completamente hechas en 'material'.
Hoy, la dificultad está en los incrédulos que se resistían al proceso.
Al ver que había una demanda de 620 casas usadas, las propiedades empezaron a subir (ya no quedan bienes de 15,5 millones en Manizales) y se vencieron los términos de este tipo de subsidios.
Ahora ellos deben acudir a créditos para completar los 20'400.000 pesos que cuestan las pocas unidades nuevas que la Caja de la Vivienda Popular construye (a pérdida) pues no los puede dejar en 'el aire'.
Cuando terminen de entregar los predios, La Playita se rellenará con escombros de construcción hasta nivelarlo con la vía para convertirlo, finalmente, en un parque.
